La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la Guardia Civil han detectado un fraude a la Seguridad Social que permitía el acceso de extranjeros de países del Este al sistema d

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la Guardia Civil han detectado un fraude a la Seguridad Social que permitía el acceso de extranjeros de países del Este al sistema de donaciones español para acceder a tratamientos con diálisis y trasplantes renales. Concretamente, se han detectado a 14 ciudadanos de Bulgaria que accedieron a la lista de trasplantes mediante contratos de trabajo ficticios, y de los cuales seis recibieron un órgano, ocasionando un coste total de más de 1,5 millones de euros, según ha informado la Guardia Civil. En total, hay 20 personas investigadas, incluyendo a los empleadores que tramitaban los contratos falsos.

"Esta operación ['Renibus'] está dentro del turismo sanitario, en nuestro objetivo de poner fin a este tipo de trasplantes", afirma a EL MUNDO el director de la ONT, Rafael Matesanz, quien alaba el funcionamiento del sistema y el trabajo conjunto con los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO), la Guardia Civil y la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo. "Esta operación constituye una vacuna para que no se sigan produciendo hechos de este tipo", agrega Matesanz. De hecho, "se van a redoblar los controles en todas las Comunidades Autónomas para detectar este tipo de pacientes que requieren diálisis de urgencia. Ante la mínima sospecha, se pondrá en conocimiento de la ONT y de la Guardia Civil".

En rueda de prensa, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández Mesa, ha calificado la operación de "relevancia a nivel nacional" y ha explicado que comenzó hace un año cuando la ONT detectó un número anómalo de ciudadanos de Bulgaria en la lista de espera para trasplantes de riñón. Como argumenta Matesanz, "la dificultad era diferenciar las personas que se trasplantaban de forma absolutamente legal de aquellos que venían específicamente aquí para trasplantarse. El mérito era detectar el acúmulo anormal". Una vez detectado, se comunicó al Grupo de Investigación de la Seguridad Social (GISS) y de ahí a la UCO.

De los 14 ciudadanos búlgaros en lista de espera para recibir donación renal, ocho estaban aún en diálisis y seis fueron trasplantados. Estos últimos, apunta el director de la ONT, "continuarán en diálisis, pero saldrán de la lista de espera". Los 20 investigados continúan en España, bajo control judicial, a la espera de que la jueza dicte.

Según el comandante Reina, jefe del grupo de Delincuencia especializada de la OCU, no hay ninguna organización criminal detrás ni nexo de unión entre todos los casos, sino que se producía un "efecto llamada" mediante el "boca a boca". "Esta operación ha sido muy positiva porque ha detectado antes de que ninguna red se creara. De haberse organizado, el riesgo de persistencia sería mayor", expone el director de la ONT.

Tal y como se ha relatado en la rueda de prensa, la prensa en Bulgaria ya se estaba haciendo eco de la posibilidad de acceder al trasplante renal en España. Matesanz explica que las tasas de donación en dicho país del Este en 2014 eran de 5 por millón de habitantes. En España, este número asciende a 40, ocho veces más alto. Concretamente en trasplantes renales, en Bulgaria se realizan cada año 58 intervenciones frente a las casi 3.000 de España. "Unos 900 pacientes están en lista de espera y sus posibilidades de acceso al trasplante son muy pequeñas". Aunque sus tasas de donación ha mejorado entre 2013 y 2014, gracias a la ayuda de la Unión Europea y un programa de hermanamiento que tiene con Francia, "sus cifras son ridículas", apunta Matesanz. Hace algunos años, continúa este experto, "algunos de los ciudadanos búlgaros iban a Pakistán a comprar un riñón", pero ahora se empezaba a a extender la idea de que en España el procedimiento podría ser sencillo. "Esperamos que la noticia de esta operación se difunda en Bulgaria para frenar el efecto llamada que se había producido".

Los ciudadanos venían a España en autobús o avión y una vez en el país acudían al centro de salud más cercano porque requerían de forma urgente someterse a hemodiálisis y, consecutivamente, presentaban contratos falsos de trabajo para poder acceder a la lista de espera. "Algunos de ellos iban hasta con la compañía de un abogado", puntualiza Matesaz.

Una vez en España, los pacientes, todos ellos jóvenes -de entre 30 y 40 años- y con recursos suficientes para costearse su estancia, se daban de alta como trabajadores por cuenta propia o ajena en la Seguridad Social a pesar de que no realizaban ningún tipo de actividad laboral, ha indicado la directora de la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo, Elena Ruiz Cascales

A los investigadores les llamó la atención que pacientes que, en su mayoría necesitaban hasta cuatro horas diarias de tratamiento médico se diesen de alta como jardineros, empleados de hogar o en la construcción.

La inspección de Trabajo ha comprobado la existencia de varias empresas ficticias en las que los empleadores eran de distintas nacionalidades y alguno de ellos español, que contrataban a los pacientes y que, en algún caso, llegaron a cobrar entre 100 y 200 euros por darles de alta.

Fernández de Mesa ha explicado que la investigación "minuciosa y complicada" ha permitido paralizar una práctica de turismo sanitario "lesivo", ya que estos ciudadanos entraban en la lista de espera con los mismos derechos y deberes que los demás pacientes. Actualmente en España hay 25.000 personas en diálisis y 4.327 en lista de espera para acceder a un riñón, ha dicho Rafael Matesanz, quien ha precisado que el coste de un trasplante es de 50.000 euros, lo mismo que un año de tratamiento de diálisis.

En esta operación 20 personas han sido investigadas -antes imputadas- por fraude a la Seguridad Social y seis como falsos empleadores, aunque ninguno de ellos ha sido detenido y se les imputa un delito de simulación o tergiversación de hechos para acceder a los beneficios que otorga la Seguridad Social, lo que puede estar penado con hasta seis años de cárcel.

Matesanz ha opinado que las seis personas que han sido trasplantadas podrían seguir en España, ya que requieren de un seguimiento y de un tratamiento con fármacos financiados.

El comandante Reina cree que no se puede afirmar que en ninguna comunidad concreta se esté produciendo el mismo fraude, si bien se está investigando por si hay alguna similitud con respecto al mismo 'modus operandi' seguido en Madrid.

Fuente: El Mundo



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