Oltra dice que se prevé que los costes de estas intervenciones asciendan a 1,2 millones

El Gobierno valenciano, reunido hoy en Torrevieja, ha dado el visto bueno al anteproyecto de la Ley Integral de Reconomiento del Derecho a la Identidad y Expresión de Género en la Comunidad Valenciana, que considera la transexualidad una expresión más de la diversidad humano, no un trastorno. El texto ha sido consensuado por la Consejería de Igualdad de la Generalitat con colectivos como Lambda, Fundación Daniela o Chrysallis.

Una de las novedades del texto, ha destacado la vicepresidenta Mónica Oltra, titular del departamento encargado de elaborar la ley, es que la sanidad pública valenciana ofertará a partir de su aprobación la cirugía necesaria para la reasignación de sexo. La número dos del Consell calcula que estas intervenciones pueden entrañar un coste de 1,2 millones de euros. 

El texto será remitido al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para que lo informe y una vez lo tenga, el Consell aprobará el proyecto, que será remitido al Parlamento autonómico, ha explicado Oltra, que ha agregado que no depende del Ejecutivo el calendario parlamentario, aunque le gustaría que estuviera en las Cortes en septiembre.

El objetivo de la norma es regular el reconocimiento legal del derecho a la identidad de género de toda persona "en un ejercicio libre y sin presiones legales o sociales y, como concreción de dicho reconocimiento, garantizar que la ley aplicable a las personas no las patologiza o somete a condición de prejuicio sobre su capacidad, dignidad y habilidades".

El anteproyecto regula los derechos de estas personas en ámbitos como el educativo, el sanitario, el social o el administrativo para establecer un marco normativo adecuado que garantice su libertad de elección de su género sentido, que no es con el que nacieron.

El marco normativo regula aspectos como el amparo en las fases iniciales del proceso de declaración de la propia identidad sentida, la tutela en las situaciones de minoría de edad o la atención gerontológica especialmente en las residencias de la tercera edad.

Recoge el derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas transexuales, libremente manifestada, sin la necesidad de prueba psicológica o médica, y plantea la posibilidad de conceder la documentación administrativa necesaria adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas, con el objetivo de favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación. Los menores de edad serán los grandes beneficiarios de esta medida, dado que la ley estatal solo establece ese derecho para los mayores de edad. 

La ley se preocupará especialmente de que no se produzcan situaciones de discriminación contra estas personas, por ejemplo, en los centros escolares, donde organizaciones como Fundación Daniela o Chrysallis han alertado en alguna ocasión de que los casos de acoso son más frecuentes de lo que parece.

En el ámbito sanitario, el anteproyecto de ley garantiza a los menores transexuales el acceso a tratamientos de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad y al tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad, para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad. Asimismo, dispondrán de un plan de seguimiento, acompañamiento y asesoramiento psicológico.

La terapia sexológica, farmacológica y hormonal en el proceso de tránsito hacia el género sentido, así como apoyo psicológico durante las fases de hormonación y cirugías están también reflejadas.

En su articulado, además, incluye los tratamientos quirúrgicos de cirugía de exéresis de mama y genitales, y reconstructiva de genitales y otros tratamientos médicos y quirúrgicos requeridos para la modificación corporal, que aseguren su congruencia con la identidad de género de las personas.

El protocolo establece, además, que se respetará la imagen física, así como la libre elección de la indumentaria del alumnado, el acceso y el uso de las instalaciones del centro de acuerdo con la identidad de género sentida, incluyendo los lavabos y los vestuarios y que la comunidad educativa del centro se dirija a las personas trans por el nombre que hayan elegido.

Por último, dispone de un título sobre la tutela administrativa, con el objetivo de proteger a las personas trans frente a cualquier violación de su derecho a la igualdad, por lo que se establecen una seria de infracciones y sanciones por la realización de acciones u omisiones contrarias a los derechos recogidos en el texto.

La Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia pidió en un escrito de alegaciones al Gobierno valenciana la retirada de la ley porque  viola el derecho fundamental a la libertad ideológica.

Fuente: El Pais



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