"Por el derecho a nacer" es el proyecto aprobado en el Parlamento luso con los votos a favor de los dos partidos conservadores que forman el gobierno y los votos en contra del resto de partidos de la izquierda. Socialdemócratas y democristianos han introducido alteraciones a la ley de la interrupción del embarazo que los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres consideran inaceptables.

Por un lado, a partir de ahora, las mujeres portuguesas que quieran interrumpir su embarazo en la sanidad pública tendrán que pagar una tasa, algo que hasta ahora no tenían que hacer porque se consideraba un acto médico materno-infantil y por tanto exento de pago. En Portugal se pagan las consultas médicas en centros de salud y hospitales, así como la urgencias y los análisis. Ahora, también se pagarán los abortos.

Y además, para que una mujer pueda interrumpir su embarazo, previamente tendrá que asistir a una consulta de acompañamiento psicológico y social, donde según el proyecto conservador se le dará "información clara, verbal y escrita, de los apoyos sociales existentes, incluidos las ayudas de maternidad a las que tienen derecho si siguen adelante con la maternidad". Por otro lado, también tendrá que existir un "consentimiento informado" por parte del otro progenitor, a quien "se le preguntará sobre su capacidad de cumplimiento de sus deberes de paternidad".

Los movimientos de defensa de los derechos de la mujer critican estas alteraciones porque entienden que en la práctica atrasarán el proceso de toma de decisión, lo que podría hacer con que algunas mujeres se salgan del plazo permitido, 10 semanas de gestación para poder abortar de forma libre. Antes de hacerlo, el gobierno de Passos Coelho quiere que las gestantes tengan una consulta con un psicólogo. Y entre los médicos que atenderán a las mujeres embarazadas podrán estar ahora los objetores de conciencia, es decir, los médicos que se oponen a la práctica del aborto que hasta ahora no participaban en este proceso.

"Quieren transformar el proceso de consulta normal con un clínico en un proceso para convencer a la mujer de que no aborte", se queja Ana Cansado, responsable de la Unión de Mujeres Alternativa y Respuesta (UMAR), que se manifestó a las puertas del Parlamento. Las alteraciones fueron votadas durante la última sesión parlamentaria antes de las vacaciones de verano y además del polémico debate contó con la irrupción de un grupo de manifestantes. "Lo primero que haremos cuando cambie el gobierno será pedir que se retiren estas alteraciones", afirmó Cansado.

Fuente: El Mundo



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